Un grave perjuicio económico que supera los dos millones de soles en la ejecución de uno de los tramos de rehabilitación y ampliación del cauce del río Ica, fue detectada por la Contraloría General de la República (CGR), tras el examen de auditoría que realizó recientemente este organismo de control.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 17502-2021-CG/GRIC-AC, que efectuó esta entidad entre el 14 de noviembre del 2019 y el 2 de junio del 2021, se detectó el pago de S/. 2´016,928.65, como adelanto directo a una de los contratistas de esta obra, la mismo que presentó una carta fianza emitida por una entidad financiera que no cumplía con la clasificación de riesgo ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBSA).

Según la evaluación que realizó un equipo de auditores de la CGR, estos directivos dispusieron el desembolso de más de dos millones de soles a la empresa Constructora e Inversiones Generales M y P S.A.C. (encargada de ejecutar el tramo III, entre en puente Grau y Cutervo), de la obra denominada “Control de Desbordes e Inundaciones en el río Ica y la Quebrada Cansas – Chanchajalla”.

El equipo de auditores determinó que una vez que se venció la garantía, los ex funcionarios y actuales directivos del Petacc involucrados, aceptaron las renovaciones y ejecuciones con cartas fianza que fueron emitidas por la misma entidad financiera.

“Tras declararse la nulidad del contrato, esta entidad no logró recuperar el monto otorgado al contratista generando este perjuicio económico que supera los 2 millones de soles”, señala el informe.

Asimismo, se detectó que otras cartas fianza presentadas por este contratista al Petacc, incluían un párrafo que contraviene lo señalado en el artículo 1898 del Código Procesal Civil, estableciendo requisitos que condicionaban la forma de pago. “De no cumplirse con dichos requisitos dentro de los 5 días de notificada la solicitud, el requerimiento de ejecución de la carta fianza se entenderá como no efectuado”, señalaba el contrato.

“Con esta decisión irregular los directivos comprometidos no solo afectaron el normal funcionamiento de la administración pública, sino que incurrieron en graves faltas a los principios de probidad e idoneidad con los que deben actuar los servidores públicos”, destaca el informe.

Debido a estos hechos se reveló que los actuales directores de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica, además, de los exfuncionarios que ocuparon los cargos de jefe de proyecto, de la unidad de abastecimiento y de servicios auxiliares incurrieron en una presunta responsabilidad penal y administrativa.

La Contraloría determinó que funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas son Evaristo Luciano Carpio Figueroa y Joel Edwin Auris Pillaca (actuales trabajadores) y el exjefe del Petacc, Edwin Manchego Meza y la exjefa de abastecimiento, María Isabel Misaray Aparcana.

Perjuicio económico por más de dos millones en obras del río Ica detecta la Contraloría
El exjefe del Petacc, Edwin Manchego, de acuerdo al informe de la Contraloría incurrió en responsabilidad penal y administrativa.

Como se recuerda la obra de rehabilitación y ampliación del cauce del río Ica, comprende cinco ítems que tienen como objetivo proteger a la ciudad y la zona agrícola e industrial del riesgo de desbordes e inundaciones. Los trabajos alcanzan una inversión de 200 millones de soles y la supervisión está a cargo del PETACC.

La obra en conjunto (5 ítems), comprende la ampliación del cauce, la construcción y el revestimiento de cuatro diques, el encauzamiento de concreto, la colocación de estructuras especiales y la reconstrucción de los puentes Grau, San Juan, Socorro y Cutervo.

Según el proyecto original, la obra tiene como finalidad garantizar la vida y el patrimonio público y privado de los habitantes de la zona urbana y rural de la provincia de Ica y, evitar el colapso de la actividad económica en el valle medio del río Ica, debido a los desbordes e inundaciones que se podrían presentar en los meses de verano, como ocurrió en 1963 y en 1998.

EL DATO
  • El informe de Contraloría fue notificado al titular del Petacc para el deslinde de las responsabilidades respectivas, así como a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones legales que correspondan.
  • El desborde ocurrido el 28 de febrero de 1998, ocasionó no solo la muerte de siete personas, sino la inundación de extensos campos de cultivo, de gran parte de la ciudad, así como de la zona agroindustrial causando pérdidas calculadas en aquel momento que superaron los US$400 millones.