El exgobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos, llegó esta tarde al establecimiento penitenciario de Ica, ubicado en el sector de Cachiche en la provincia y región Ica, en donde deberá cumplir los 36 meses de prisión preventiva dictada por el juez Fernando Vicente Fernández Tapia.
Gallegos Barrientos se entregó a la Policía Judicial aproximadamente a las 12:30 p. m. de este miércoles 17 luego que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica le dictara 36 meses de prisión preventiva por ser el presunto líder de la organización criminal “Los Tramitadores”.
La decisión del juez Fernando Vicente Fernández Tapia se dio tras el requerimiento del fiscal provincial Alexander Pérez López, del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, quien sindica a Gallegos Barrientos como presunto responsable del delito de organización criminal y cohecho pasivo propio, en agravio del Estado peruano.
Esta medida también va contra del exdirector regional de Transportes y Comunicaciones, y actual alcalde del distrito de Los Aquijes, Edward Amoroto Ramos, quien hasta la fecha se encuentra prófugo
De acuerdo con el requerimiento del fiscal Pérez López, desde el 2019 se habría enquistado una organización criminal denominada “Los Tramitadores” liderado por el gobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos (2019-2022) y otros funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones dedicada a la realización de trámites ilícitos para la obtención, revalidación y recategorización de licencias de conducir.
Acompañado de su abogado defensor, Gallegos Barrientos llegó por la calle Unión a la sede de la Corte Superior de Justicia de Ica y se entregó a las autoridades de la Policía Judicial.
“Estoy en la región Ica, voy a entregarme y ponerme a derecho. Para que investiguen con autonomía y transparencia porque jamás he agarrado un céntimo del Estado”, dijo minutos antes de entregarse en su mensaje que fue transmitido por la página de Facebook de su esposa, Mónica Guillén Tuanama.
Tras su entrega, Gallegos fue trasladado a la sede del Instituto de Medicina Legal para los exámenes correspondientes de ley y luego retornó a la carceleta del Poder Judicial, y en la tarde del miércoles 17 fue internado en el establecimiento penitenciario de Ica para cumplir con la prisión preventiva.
Igualmente, el juez Fernández Tapia impuso comparecencia con restricciones contra los imputados José Antonio Franco Palomino, Miriam Nancy Yeren Oré, Carmen Cristina Yeren Oré, Gladys Janet Picharde Choque, María Yetty Mendoza Chamorro, Luz Leonor Yeren Ore, Carmen María Lara Monge y Carlos Alberto Pardo Tenorio, con reglas de conducta, bajo apercibimiento de revocarse la medida impuesta en caso de incumplimiento.
Escuchas
Según se conoció a lo largo de la audiencia de debate de prisión preventiva, en total fueron 18 mil 500 escuchas de celulares intervenidos del gobernador, directores regionales, funcionarios y tramitadores, donde aparecen las coordinaciones que hacían funcionarios y tramitadores para ganar dinero a cambio de entregar licencias de conducir sin que los interesados cumplan los requisitos de ley.
El exdirector regional de Transportes y Comunicaciones de Ica, Carlos Martínez, se acogió a la delación premiada a cambio de atenuar su pena y seguir la investigación preliminar en libertad.
La investigación contra Javier Gallegos Barrientos se inicia tras una denuncia anónima del 17 de enero del 2019 en la plataforma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que indica que se obtienen licencias de conducir sin conocimiento alguno.
Agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú y personal del Ministerio Público allanaron, la madrugada del 26 de abril, la casa de Gallegos Barrientos, ubicada en la urbanización Las Viñas de San José, B-10, en Ica.
El dato
Como es de conocimiento público, el juez Fernando Vicente Fernández Tapia fue el que declaró fundado el sobreseimiento del caso de lavados de activos a Javier Gallegos Barrientos, medida que fue revocada por el juez supremo César San Martín.